¿Qué pasa en otros países con mejor seguridad jurídica?
Uno de los riesgos que enfrentan los inversores inmobiliarios en España es el problema de la ocupación.
Tener una o más viviendas vacías incrementa notablemente el riesgo de que acaben siendo ocupadas. Pero también alquilarlas supone un cierto riesgo, ya que hay personas que alquilan un inmueble y pagan las primeras cuotas, pero luego dejan de hacerlo y se niegan a abandonar la vivienda.
Esto acaba llevando a que muchos propietarios se vean inmersos en largos y tediosos procesos judiciales para poder recuperar su vivienda, y todo mientras el “okupa” sigue consumiendo recursos o incluso deteriorando el inmueble.
La situación es diferente en otros países, donde los desalojos y desahucios se ejecutan rápidamente y los propietarios cuentan con una mayor protección jurídica.
¿Por qué razones la okupación se ha convertido en un problema en España?
La ocupación en España es un problema por la falta de seguridad jurídica con la que cuentan los propietarios.
La Policía sólo puede desalojar a los ocupantes si los descubre en las primeras 48 horas
La legislación española protege a los propietarios frente al allanamiento de morada, cuando estos residen en una vivienda. Pero si el inmueble está vacío, las autoridades sólo pueden desalojar a los ocupantes si les sorprenden en “delito flagrante”, lo que se considera un plazo de unas 48 horas después de que los okupas hayan entrado.
Si se excede ese plazo, la Policía ya tiene que solicitar una orden judicial y el proceso puede alargarse mucho en el tiempo. En este sentido, el problema puede agravarse enormemente para el propietario, con un proceso judicial lento y costoso que puede durar años.
La Ley de Vivienda perjudica al propietario
Otro de los problemas vinculados a la ocupación que perjudican claramente al propietario es la posibilidad de que un inquilino, con contrato de alquiler, se declare en situación de vulnerabilidad, y un tribunal suspenda temporalmente el desahucio hasta que se le encuentre una alternativa habitacional.
Esto puede mantener tu vivienda retenida durante varios meses, aunque el mayor riesgo es que el inquilino se convierta en okupa, deje de pagar la renta y no quiera ceder la vivienda.
Fuertes regulaciones sobre las viviendas vacías
Otro de los problemas tiene que ver con la utilización de las viviendas vacías, ya que si pasan más de dos años sin usarse ni alquilarse, puede ser objeto de sanciones.
Aunque esto no afecta a las segundas residencias o a las que están siendo reformadas, sigue siendo un problema para grandes tenedores en el actual contexto.
¿Qué pasa en otros países con mejor seguridad jurídica?
La diferencia entre los procesos judiciales de desalojo de ocupas en España frente a otros países es muy grande.
España
En España, la legislación inmobiliaria protege enormemente al inquilino, pero deja a los propietarios en una situación de indefensión en muchos casos. Recientemente se aprobó una ley para agilizar los procesos judiciales, de manera que los desalojos de la propiedades okupadas se puedan gestionar mediante juicio rápido, pero estas modificaciones sólo afectan a quienes han ocupado viviendas vacías, no a inquilinos que han dejado de pagar la renta.
Europa
Si en España el desalojo tarda un promedio de 18 a 20 meses, en otros países europeos como Francia o Alemania, en apenas 24/48 horas se puede llevar a cabo, con penas de prisión para los okupas. En países como Italia se puede denunciar a la policía y se celebra un juicio rápido y se procede al desalojo inmediato de los okupas.
República Dominicana
En el ámbito de República Dominicana, la protección del propietario ha sido mucho más efectiva que en España, tanto para okupas como para inquiokupas.
De entrada, el derecho de propiedad está incluido en la Constitución, donde se dice en su artículo 51 que “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad”. Por su parte, la Ley 108-05 establece que los inmuebles tienen que estar registrados en el Registro de Títulos para garantizar la protección de dichos derechos de propiedad.
Por su parte, la legislación establece que la ocupación ilegal de propiedades en República Dominicana constituye un delito penal, castigado con multas y penas de cárcel que pueden variar si se considera violación de propiedad, o invasión y ocupación. Un propietario puede denunciar una ocupación o violación de su propiedad, y se procederá a su desalojo.
En la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario, artículo 49, párrafo 1, se indica que se le da un plazo al ocupante para abandonar la vivienda en un plazo de 15 días, y transcurrido ese plazo, el propietario puede recurrir a la fuerza pública para proceder al desalojo.
Si eres inversor inmobiliario, República Dominicana es una opción excelente para comprar propiedades, dada su excelente seguridad jurídica y la facilidad que los extranjeros tienen para poder acceder a inversiones, visado e incluso beneficios fiscales por los rendimientos del alquiler.
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